Taiwán lamenta la decisión del Gobierno español de extraditar a 94 taiwaneses a China continental

La representación de la República de China (Taiwán) en España, lamenta profundamente y expresa su seria preocupación por la decisión adoptada por el Gobierno español de extraditar a 94 ciudadanos taiwaneses que permanecían detenidos en España a China continental, que los había reclamado para ser juzgados allí. Se trata de parte del grupo de 260 personas, en su mayoría de nacionalidad taiwanesa, que fueron detenidos en España hace ahora dos años y medio en el marco de la llamada Operación Wall, y que estaban acusados de un presunto delito de fraude telefónico cometido en territorio español.

Después de un largo proceso judicial, el gobierno español primero y la Audiencia Nacional después decidieron dar el visto bueno a la extradición de los detenidos taiwaneses a China continental, negándoles de tal manera su verdadera nacionalidad y poniéndoles en manos de un régimen que ha demostrado una continuada ausencia de garantías jurídicas y una preocupante falta de respeto por los derechos humanos.

Después de que en los últimos meses se hubieran producido varias extradiciones de estos detenidos de forma individual o en grupos reducidos, esta es la tercera extradición a gran escala en un caso de este tipo que se produce desde un país europeo a China continental, y marca un serio precedente nada alentador para la defensa de valores firmemente democráticos y las garantías necesarias en todo procedimiento judicial y, sobre todo, para el respecto por los derechos humanos fundamentales de las personas detenidas.

Desde Taiwán se hace hincapié en que el Gobierno español no se ha dignado a informar al taiwanés de tales movimientos, y ello pese a que desde la Oficina de Taiwán en España se ha solicitado reiteradamente la necesidad de recibir información sobre las extradiciones con anterioridad a su ejecución, así como de las identidades de los extraditados, para poder informar a sus familiares.

Asimismo, Taiwán recuerda que conocidos y reiterados informes de medios de comunicación y organismos internacionales de reconocido prestigio, como Amnistía Internacional, denuncian la continuada ausencia de garantías jurídicas en China continental. Y que diferentes expertos en derechos humanos de la ONU han instado recientemente a España a suspender las extradiciones y han mostrado su preocupación por la falta de garantías procesales y la posible exposición de los detenidos a torturas, malos tratos o hasta pena de muerte.