Después de la extradición de 94 taiwaneses a China y la manifestación de Hong Kong, cobra especial relevancia una reciente resolución sobre China aprobada por el PE

El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado una resolución en la que expresa su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en China continental, declaración que cobra especial relevancia tras los recientes casos de Hong Kong, donde un millón de personas se han manifestado en contra de los cambios en la ley que permitirá la extradición de fugitivos a China, y de Taiwán, después de que 94 ciudadanos taiwaneses detenidos en España sospechosos de estafa telefónica fueran extraditados a Pekín para ser juzgados allí.
Este caso ha generado honda preocupación en Taiwán, y la Oficina representativa de Taiwán en España ha lamentado profundamente lo ocurrido y ha expresado su seria preocupación por la falta de garantías y de respeto por los derechos humanos del sistema chino.
Por su parte, el documento recientemente aprobado por el Parlamento Europeo exige al Gobierno de Pekín que ponga fin a sus habituales prácticas de detenciones arbitrarias y falta de respeto por derechos fundamentales, y pide a los Estados miembros de la Unión Europea que se mantengan firmes en su postura hacia China continental en cuestión de derechos humanos, especialmente respecto a la situación de las minorías étnicas y religiosas.
La resolución aprobada por el PE considera que desde que el presidente chino Xi Jinping asumió el poder en 2013, "la situación de los derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose y el Gobierno ha mostrado una mayor hostilidad hacia la disidencia pacífica, las libertades de expresión y religión, y el Estado de Derecho”.
A ello añade que las autoridades chinas “han detenido y llevado a los tribunales a cientos de defensores de los derechos humanos, a abogados y periodistas”, y que las libertades religiosa y de conciencia “no se habían encontrado en peor situación desde el inicio de las reformas económicas y la apertura de China a finales de los setenta del siglo pasado”.
En concreto sobre las libertades religiosas, la resolución subraya que China es uno de los países con más presos religiosos, y manifiesta la “profunda preocupación” del PE por el régimen “cada vez más represivo” que padecen numerosas minorías religiosas y étnicas, entre ellas las cristianas.
El documento aclara que pese al acuerdo firmado en septiembre de 2018 entre la Santa Sede y el Gobierno chino, las comunidades religiosas cristianas se ven sometidas a una represión cada vez mayor, padeciendo el acoso y la detención de los fieles, la demolición de iglesias, la confiscación de símbolos religiosos y la represión contra las celebraciones cristinas.
En cuanto a la situación en Xinjiang, donde viven 10 millones de musulmanes uigures y de kazajos, el texto dice que estos se ven sometidos a una “reeducación” política a base de detenciones arbitrarias utilizando el pretexto de combatir el terrorismo y el extremismo religioso, y advierte de que el Gobierno chino ha rechazado numerosas peticiones de investigación sobre desapariciones forzadas. Y algo similar está sucediendo en el Tíbet, donde el Gobierno chino ha creado “un entorno en el que la autoridad estatal no tiene límites, en el que el clima de miedo se ha generalizado y en el que todos los aspectos de la vida pública y privada están estrictamente regulados y controlados”.
Durante el debate sobre China en el Parlamento Europeo, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, quiso dejar bien claro que para los europeos “los derechos humanos son más importantes que los intereses económicos”, un mensaje que, a su juicio, los europeos deben transmitir “de manera coherente a todos los niveles” en las relaciones con China continental.
En tal sentido, el documento lamenta que en la reciente cumbre UE - China celebrada el pasado 9 de abril de 2019, las cuestiones urgentes de derechos humanos “volvieran a tener una importancia marginal”, y recuerda la importancia de que la Unión y los países miembros planteen en todo contacto con las autoridades chinas la cuestión de las violaciones de los derechos humanos.
Por último, la preocupación por los derechos humanos se hace también patente en Hong Kong, donde un millón de personas se han echado a la calle para protestar por los cambios que se prevén en su ley de extradición, que permitirán que los fugitivos de Hong Kong sean entregados a la justicia china, acabando así con las garantías que, supuestamente, ofrecía a la ex-colonia británica el principio de “un país, dos sistemas”.