Taipei, sep. 8 (CNA) El Yuan Ejecutivo (Gabinete) aprobó enmiendas a la Ley de Prevención de Crímenes Organizados el jueves 8, según las cuales el fraude de telecomunicaciones se define como un tipo de crimen organizado, allanando el camino para someter a los criminales de fraude telefónico a sanciones más graves.
En el marco de la presente ley en vigor, el término "organización criminal" se define como una empresa involucrada en el crimen organizado, y consiste en un sistema de gestión interna de tres o más personas que comparten un propósito común de cometer actividades delictivas o incitar a sus miembros a cometer actividades delictivas, y es colectiva, habitual, forzada o violenta en naturaleza.
Las cláusulas modificadas estipulan que las empresas propiedad de los miembros integrantes de los grupos del crimen organizado que se involucran en la especulación criminal a través de amenazas, uso de la fuerza u otras formas de coacción, se someterán a un máximo de cinco años de prisión.
El Ministerio de Justicia dijo que el proyecto de ley tenía como objetivo frenar el rampante fraude implicando el uso de la tecnología de telecomunicaciones y las redes de comunicación en los últimos años y estaba en conformidad con las normas establecidas en el Código Criminal.
De acuerdo al referido código, las personas involucradas en los casos de fraude agravado serán sometidas a un mínimo de un año de prisión y un máximo de siete años, y una multa de menos de 1 millón de dólares taiwaneses (NT$), monto equivalente a US$32.000.
En el marco del anteproyecto de enmiendas de la Ley de Prevención de Crímenes Organizados, líderes condenados por fraude de telecomunicaciones podrían afrontar un castigo más severo de 3-10 años de prisión y una multa de menos de NT$100 millones, mientras que los implicados en el fraude telefónico podrían ser sometidos a una prisión que va de seis meses a 10 años y una multa de menos de NT$10 millones.
Los involucrados en el reclutamiento de otras personas a unirse a los grupos del crimen organizado podrían enfrentarse a un castigo de seis meses a cinco años de prisión y una multa de menos de NT$ 10 millones, mientras que los involucrados en el reclutamiento por medio de amenazas, uso de la fuerza, u otras formas de coacción, podrían afrontar penas de cárcel que van de uno a siete años.
Los adultos que se involucran en el reclutamiento de personas menores de 18 años podrían afrontar penas más severas y una multa de menos de NT$20 millones, según el anteproyecto, que será presentadoal Yuan Legislativo (Cámara Legislativa) para su deliberación ysubsecuente aprobación.
